La causa contra el exmandatario brasileño significó uno de los ejemplos más explícitos de lawfare con fines electorales ya que fue procesado y condenado en tiempo record en medio de la campaña del 2018.

El escándalo por el lawfare en Brasil llegó a uno de sus puntos más altos luego de que se revelara un audio en el cual el fiscal Deltan Dallagnol, quien participó de la operación Lava Jato, presionó a la jueza sucesora de Sérgio Moro para que condenara en tiempo récord al expresidente.

La Corte Suprema de Brasil anuló la condena contra Luiz Inácio Lula da Silva en el marco de la causa Lava Jato, y le devolvió sus derechos políticos con lo que podrá ser candidato.

Así constan en los archivos filtrados por un hacker que están en poder del Supremo Tribunal Federal (STF) y de la defensa de Lula, que ponen en evidencia las maniobras extrajudiciales de la Operación Lava Jato.

La última de las revelaciones tiene que ver con la condena a 16 años de prisión contra Lula por supuestamente ser propietario oculto de una quinta en Atibaia, San Pablo, que fue refaccionada por las constructoras Odebrecht y OAS como posibles favores a cambio de millonarios contratos con Petrobras entre 2003 y 2010.

Dallagnol aparece en el audio contando cómo la jueza Patricia Hardt, reemplazante de Moro cuando este se fue para asumir como ministro de Justicia de Jair Bolsonaro el 1 de enero de 2019, le prometió, pese a su gran volumen de trabajo, 'sentenciar' a Lula.

Los abogados de Lula denunciaron a la Corte que esta práctica es ilegal ya que no pertenece a la equidistancia del proceso.

En su sentencia récord, Hardt condenó a Lula usando 'copiar y pegar' de la condena anterior a Moro bajo el argumento de que no disponía de tiempo.

Esto se suma a otra serie de filtraciones peritadas y liberadas por la Corte Suprema sobre el lawfare contra Lula y son munición para la defensa del expresidente, que pasó 580 días preso, en el pedido para que se declare parcial a Moro y se anulen sus sentencias.

En otra filtración revelada por la defensa de Lula, Dallagnol cuenta un dato considerado de alto contenido escandaloso. Les dice a sus pares de la Operación Lava Jato que en 2018 la jueza de la corte Carmen Lucia Antunes actuó en las sombras para frenar un habeas corpus que podía liberar a Lula de la cárcel de la Policía Federal de Curitiba, adonde estaba detenido por una condena de Moro a 8 años de cárcel en la causa en la que Dallagnol lo acusó de recibir un apartamento en Guarujá, playa paulista, de la empresa constructora OAS.

Un camarista de Porto Alegre había aceptado un habeas corpus para liberar a Lula para que siga la etapa de apelaciones libre, pero Dallagnol sostuvo que Carmen Lucia Antunes habló con el presidente del tribunal de apelaciones y con el entonces ministro de Justicia del gobierno Michel Temer, Raúl Jungmann.

La fiscalía general puso fin este año a la Operación Lava Jato, que combatió la corrupción en Petrobras y está acusada de haber actuado políticamente para permitir la caída de Lula, que era el candidato favorito en 2018, en las elecciones que ganó Bolsonaro.

Lula también tiene prohibidos los derechos electorales a raíz de las dos condenas confirmadas en segunda instancia en su contra por corrupción.

Fuente: Ambito.com

 

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