El Gobierno denunciará penalmente a los mega ricos que no cumplan con la ley sancionada por el Congreso.

El 30 de marzo es la fecha final para que los afectados por el Aporte Solidario y Extraordinario (impuesto a la riqueza) deban ejecutar sus liquidaciones, y las partes en conflicto están preparando sus estrategias para el día después. Como anunció este diario, el Gobierno aplicará el principio “Solve et Repete”. O, dicho de otra manera: page ahora, proteste después. Como contrapartida, muchos grandes bufetes de abogados asociados a importantes estudios contables que manejan cuentas de personas incluidas en la obligación; ya planifican otro mecanismo. Esperar al mismo 30 de marzo, no pagar y un día después avanzar en presentaciones judiciales de amparos para que algún magistrado avale la posición, permita no ingresar la liquidación obligatoria y habilitar el juicio correspondiente. Ambas partes coinciden en algo: saben que protagonizarán una larga batalla legal, que terminará casi obligatoriamente en la Corte Suprema de Justicia. Y con resolución en la próxima gestión presidencial. Sea del oficialismo o la oposición.

Abogados y contadores importantes que defienden esta tesis no ocultan su posición. Si bien en un principio se trataba de cuestiones que se discutían en los despachos de los asesores privados con sus clientes, hoy es común la organización de charlas abiertas vía virtual donde se explica cómo encarar la alternativa judicial. Los argumentos para tratar de convencer a los clientes para que no ejecuten los pagos, son aparentemente simples. Según los profesionales, la misma legislación sobre el Aporte permite recurrir la apelación al Tribunal Fiscal de la Nación, para que este aplique el criterio del “Efecto Suspensivo” que figura en la ley de Procedimiento Tributario. En el caso en que la Justicia opte por esta alternativa, la jurisprudencia indica que mientras la causa esté en curso, la AFIP no puede ejecutar ni embargar al contribuyente.

El Gobierno piensa distinto. El Ejecutivo cree en el principio de obligar a pagar primero, y que, si la persona entiende que hay una ilegalidad, puede luego recurrir a la justicia para dilucidar el caso. Se llama principio de “Solve et Repete”, con jurisprudencia reciente a favor de su aplicación. Luego, y ahí está el fondo de la estrategia oficial, una vez aplicado el principio y con el camino judicial abierto para que se determine si el Aporte es constitucional o no, se deberá esperar a que termine el trayecto de las tres etapas del Poder Judicial argentino, lo cual podría demandar no menos de cinco años. Y con un juicio sumarísimo. Lo normal en estos casos es que las causas lleven entre siete y diez años, hasta que la Corte trate el tema. Salvo que en primera instancia haya algún fallo favorable, como la defensa (en este caso la AFIP) tiene la obligación de apelar toda definición contraria de la justicia; es inevitable que los tiempos se extiendan. Por esto es importante para el estado, que el “Solve et Repete” se aplique, y que los afectados por el impuesto paguen primero y después transiten el siempre cansador proceso judicial.

El principio se fundamenta en que los recursos impositivos son fundamentales para la supervivencia del Estado, y que no se puede privar al sector público de sus ingresos hasta que se defina la legalidad de un tributo. Según el “Solve et Repete”, toda ley tributaria presume su legalidad hasta que la justicia resuelva lo contrario; y no al revés. En síntesis, cualquier contribuyente que considere un recurso tributario como ilegal, primero tendría que pagarlo, y luego de ese acto ejecutivo recurrir a la justicia a discutir su constitucionalidad. Según los fallos de la Corte Suprema donde se ratifica el principio, la única alternativa para que se aplique antes del pago de la carga es que se demuestre la dificultad concreta de la persona para pagarlo o que su ejecución implique un perjuicio económico grave que impida la supervivencia comercial o financiera del afectado. Pero de comprobarse estas circunstancias, el “Solve et Repete” sólo aplica para una atenuación de la aplicación, pero no para su suspensión.

El estado piensa recaudar unos $300.000 millones por esta vía. Y sabiendo que la aplicación de la polémica norma aprobada el 29 de enero pasado generará una asonada importante en los tribunales. El argumento de ilegalidad se basa en el reclamo de la doble imposición. El oficialismo defiende que no se trata de un tributo, sino un aporte por única vez.

La norma prevé el cobro por única vez de una tasa de entre el 2% y el 3,5% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado más de $200 millones, y alcanzaría a unos 12.000 personas. Implica una carga adicional para este ejercicio contable para los contribuyentes con mayor capacidad contributiva. Aplica para las personas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, comprendidos y valuados de acuerdo a los términos establecidos en el la Ley 23.966, de Impuesto sobre los Bienes Personales. Establece un aporte único de una tasa del 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado en el impuesto a las Bienes Personales más de $200 millones, con una tasa que aumenta según el patrimonio hasta el 3,5% final para quienes posean bienes por más de 3.000 millones de pesos.

Fuente: Ambito.com

 

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